Jueza envía a prisión a Jean Alain y dos más del caso Medusa






La jueza Kenya Romero decidió este martes enviar a prisión como medida de coerción al exprocurador Jean Alain Rodríguez, implicado en el caso de corrupción denominado Medusa.

Además, impuso prisión contra Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo y financiero de la entidad, y Javier Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información.

Ordenó arresto domiciliario para Altagracia Guillén Calzado, pasada subdirectora administrativa; Rafael Mercede Marte, exencargado del Departamento de Contabilidad, y Jenny Marte Peña, ingeniera encargada de construcción del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.

A Miguel José Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría, le dictó garantía economía un millón de pesos mediante una aseguradora.

Romero, jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, también declaró como complejo este caso de corrupción, tras conocer durante tres maratónicas audiencias las imputaciones presentadas por el Ministerio Público y los alegatos de los abogados defensores.

Los imputados llevan dos semanas recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva desde donde serán llevados a la cárcel Najayo una vez se les notifiquen a las autoridades penitenciarias la resolución donde se hace constar el fallo de la jueza Romero.

El traslado será ejecutado por agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (Utrar).

De acuerdo a las investigaciones de la de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) Jean Alain y sus alegados cómplices malversaron millones de pesos de la Procuraduría General de la República (PGR) sin ningún reparo y para que no fueran descubiertos después del cambio de Gobierno, en la transición incineraron documentos, desaparecieron cientos de evidencias y eliminaron las principales fuentes de información.

El grupo, supuestamente estafó al Estado por más de 6 mil millones de pesos, y además de esto, son acusados de soborno, prevaricación, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos, asociación de malhechores y lavado de activos.

Las pesquisas indican que fueron varias las maniobras para distraer los millones de pesos, que van desde aparentar realizar capacitaciones del personal, irregularidades en los procesos de compras, incluyendo las del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.

Además, desvío de fondos a través de bienes incautados y decomisados, sobrevaluaciones para la compra de instrumentos, adulteración y formateo de data de información de departamentos administrativos y hasta utilizar fondos de la PGR para dar soporte a un movimiento de apoyo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del cual Jean Alain es miembro.

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