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Aumentan los homicidios en Guatemala donde “reina la impunidad”

  

Guatemala podría cerrar 2022 con más de 3.000 homicidios, lo que representará un aumento por segundo año consecutivo, que no ocurría desde 2013. El analista Carlos Mendoza explica que en medio de un sistema de justicia y fuerzas de seguridad aparentemente enfocadas en perseguir a jueces, fiscales y periodistas, además de la falta de políticas públicas, el Estado no puede garantizar el derecho a la vida.

La tarde del 14 de noviembre, tres asaltantes abordaron un bus extraurbano en el Boulevard Los Proceres, una de las arterias principales de la Ciudad de Guatemala, a pocos metros de la zona hotelera más prestigiosa del país.

Mientras los ladrones tomaban los teléfonos y dinero de las personas, un pasajero los sorprendió disparando su pistola, dejando sin vida a una mujer y a un hombre, que según relatos de testigos, eran dos de los delincuentes.

Durante 2022, en esta misma ciudad, la más grande del país, han sido asesinadas más de 631 personas, mientras que en toda Guatemala se han reportado 1.950 asesinatos de hombres y 335 mujeres entre enero y septiembre, de acuerdo con datos del Centro de Investigaciones denominado Diálogos.

“Estamos viendo que reina la impunidad, cuando desde las cortes y el Ministerio Público (MP, Fiscalía) se manda la señal de que el individuo debe proveerse así mismo de justicia, se genera el incentivo para la violencia”, explica Carlos Mendoza, economista y politólogo que lleva 20 años estudiando la violencia homicida, actualmente es analista de Diálogos.

El contexto al que Mendoza hace referencia se trata de una Guatemala donde la jefa de la Fiscalía, Consuelo Porras, fue reelecta por el presidente Alejandro Giammattei, pese a estar incluida en la lista de actores antidemocráticos de los Estados Unidos y una Corte Suprema de Justicia integrada por magistrados que tuvieron que ser relevados hace 3 años.

“El Estado parece más enfocado en la persecución de defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas, muchos han tenido que acudir al exilio”, ejemplifica el experto, quien considera estos factores como un detonante de la falta de control de la violencia en Guatemala.

El país centroamericano, con 17,3 millones de habitantes, podría cerrar el año con un número de homicidios entre 2.983 y 3.038, según las estimaciones presentadas en el último análisis desarrollado por Mendoza con datos de tres fuentes oficiales hasta el 31 de octubre.

Estas cifras superarían los 2.843 homicidios de 2021, logrando un segundo año de aumento en relación al año anterior, con una tasa de 17,3% de homicidios por cada 100.000 habitantes.

Desde 2013, la tendencia de homicidios en Guatemala había ido a la baja y fue hasta 2021 que se reportó un aumento en relación al año anterior.

Cuando Giammattei llegó al poder, recibió un país con una media de 345 homicidios cada 30 días, según el último reporte realizado por Diálogos, al último día de octubre de este año la media oscila los 355 homicidios cada 30 días, lo que significa que el promedio aumentó.

Durante 2020, con las restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus, la media de homicidios bajó hasta 189 en 30 días y ese año cerró con 2.569 muertes, la cifra más baja en todo el siglo XXI para Guatemala, de acuerdo con el centro de análisis referido.

“Si bien no hemos llegado a la cantidad de homicidios del 2019, hay una tendencia al alza, por lo que es vital implementar mejores políticas públicas” señaló Mendoza.

FALTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

A criterio de Mendoza, durante el Gobierno que preside Giammattei, no ha existido una claridad en la dirección de las políticas públicas en seguridad.

Desde su llegada al poder, el actual Gobierno implementó una estrategia basada en estados de excepción, mecanismos contenidos en la ley de orden público que en teoría deben ser utilizados como última instancia para restablecer la normalidad restringiendo derechos constitucionales.

“En los primeros estados de excepción antes de la pandemia sí parecía tener alguna respuesta positiva en términos de descenso en indicadores”, indica Mendoza y argumenta que antes de la pandemia los estados de excepción si fueron focalizados en zonas caracterizadas por ser reductos de sicarios, por ejemplo.

Al inicio de esta administración los estados de excepción, considerados por Mendoza como la “única política de seguridad” empleada por el Gobierno, fue focalizada en municipios con altos índices de violencia como Villa Nueva ubicado al sur de la Ciudad de Guatemala.

Posteriormente, la política de estados de sitio y de prevención se empleó con fines de restablecer la “gobernabilidad” y no de garantizar la “seguridad pública”. Mendoza explica que las medidas restrictivas fueron enfocadas en regiones de Guatemala donde existen problemas por la industria minera, como sucedió en el departamento (provincia) de Izabal a finales del 2021.

LAS REGIONES MÁS VIOLENTAS Y LAS MÁS PACÍFICAS

El estudio realizado por Mendoza, también señala que el 34 % de los homicidios cometidos este año en Guatemala hasta el 31 de octubre se concentran principalmente en los siete municipios con mayor densidad poblacional, siendo estos Guatemala (631), Villa Nueva (182), Mixco (152), Quetzaltenango (27), San Juan Sacatepéquez (30), Cobán (10) y San Pedro Carchá (1).

“Estos son territorios más urbanos, con mayor interacción y por ende con más problemas que derivan en violencia”, explica Mendoza sobre la concentración de homicidios en los municipios descritos.

Guatemala tiene 340 municipios, de estos 138 están en el rango de violentos y Mendoza clasifica a 91 de ellos como muy violentos porque su tasa de homicidios está por encima del 17.36% por cada 100.000 habitantes.

Además, existen 202 municipios clasificados como pacíficos y 116 de ellos han logrado mantener cero homicidios.

Mendoza explicó que en el altiplano occidental de Guatemala, donde la mayoría de la población es maya, las tasas de homicidio son muy bajas, “la hipótesis es que el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas es el que ayuda a que los conflictos no terminen de forma fatal”, resaltó.

Municipios como Momostenango, Sololá y Chichicastenango, todos predominantemente mayas, han mantenido cero homicidios en 12 meses, en contraste con las áreas urbanas y una franja que atraviesa desde la costa del atlántico hasta el pacífico donde las cifras se encuentran en rojo.

“Un país no es pacífico hasta que esté por debajo de una tasa de 10% de homicidios por cada 100 mil habitantes, es preocupante que en dos años la violencia siga al alza”, concluyó Mendoza.

EFE

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